La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo en Palacio Nacional que el 1 de mayo pasado comenzaron la “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”, lo que incluyó visitas casa por casa. Después mencionó que habían tomado como punto de partida para su metodología el dato de 110 mil 964 personas desaparecidas que tenía la Comisión Nacional de Búsqueda hasta el 22 de agosto de 2023. Esa fecha es tres meses posterior al inicio del censo, así que queda la duda: ¿por qué se dio ese desfase?
En lo presentado en la conferencia matutina, no se mencionó la participación de comisiones de búsqueda local, aunque en su caso sí son autoridades buscadoras reconocidas. De acuerdo con lo publicado por Animal Político hace unos días, cuatro de estas no tienen ninguna información sobre el censo. ¿Cuál fue el papel que tuvieron estas comisiones en la estrategia?
¿Cómo se procesaron los casos de personas fallecidas?
El reporte del gobierno tampoco detalló la cifra de 4 mil 134 personas con informe de defunción, de entre las 16 mil 681 que el gobierno clasificó como ya localizadas. ¿En qué estados se dieron estas defunciones? ¿Cómo se corroboraron los decesos? ¿Qué protocolo se siguió para informar a las familias?
¿Qué bases estatales fueron consultadas?
Otro cuestionamiento es el de: ¿Cuál es el grado de confiabilidad y actualización de todas las bases de datos que se utilizaron para hacer los cruces? Mencionaron que 18.4 millones de datos provinieron de bases de datos estatales. ¿Cuántas, cuáles, oficiales, todas las entidades entregaron las mismas bases?
Duplican promedio de localizados
De 2019 a la fecha, nunca se superó la cifra anual de 9 mil localizados. De mayo al 2 de diciembre, en dicha base se registraron 8 mil 400 personas localizadas, luego de que las autoridades correspondientes realizaron la comprobación de cada caso.
De las cifras también destaca que de las 16 mil personas localizadas el 24% fue con “informe de defunción”, y de mayo a diciembre de este año pero en el RNPDNO, el porcentaje de personas localizadas sin vida fue del 6%.
¿Habrá un registro paralelo?
Una duda adicional que dejó lo presentado por el gobierno es: ¿estos nuevos datos de personas localizadas impactarán la base del RNPDNO, o será un conteo paralelo? Hasta ahora el Registro Nacional sigue mostrando la cifra de 113 mil 317 personas desaparecidas o no localizadas. El registro es alimentado permanentemente por al menos 66 autoridades.
Aunque el gobierno federal presentó la elaboración del censo como una nueva metodología, el Protocolo Homologado de Búsqueda ya establecía el proceso para que las autoridades actúen a partir de un indicio de vida. Un proceso de identificación de la persona supone un informe con una “prueba de vida”. Solo en ese momento se debe informar a los familiares.
Esto quiere decir que contar con 17 mil 843 coincidencias de nombres de personas desaparecidas que fueron identificados en una o más bases de datos no supone un estado de ubicación, localización o no desaparición de la persona. Hasta que no existe una prueba plena de vida, las personas siguen desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con todas las normas vigentes.
Como parte de su metodología, el gobierno informó que realizaron 86 mil 341 llamadas telefónicas a domicilios para obtener “pruebas de vida”, pero de nuevo dudas, ¿de qué forma las realizaron? ¿Cómo se dio la colaboración con la Secretaría de Seguridad, que participó en este proceso, y cómo se preservó la seguridad de los datos?
Se pidió un comentario a Gobernación, sobre las dudas planteadas en este texto, pero hasta la fecha de publicación no hubo respuesta.
Metodología capitalina no es de consulta pública
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que podía ser consultada la metodología de búsqueda realizada por la administración capitalina, misma que fue retomada por el gobierno federal para su censo.
“Hay toda una metodología que está sistematizada y puede ser consultada. Y también están las memorias de localización, ese es otro documento muy importante con el que se cuenta de todo el trabajo que se ha hecho desde septiembre de 2022 a la fecha, es decir, de una manera bastante sistemática a lo largo de más de un año”, refirió Batres.
Sin embargo, al preguntar al gobierno local dijeron que aún no se encontraba disponible en internet, para consulta pública.
Crisis forense sí está relacionada con el tema de desapariciones
Aunque el presidente López Obrador dijo que “son cosas distintas”, está documentada la relación entre la crisis de desapariciones y el problema que tiene el país en la identificación de cadáveres.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha expresado su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”, calculando en 2022 que por la falta de recursos en los servicios forenses se requerirían 120 años o más para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día.
La Fiscalía General de la República tiene la obligación de crear un Banco Nacional de Datos Forenses para cruzar la información genética existente con las personas fallecidas no identificadas, muchas de las cuales podrían estar registradas como desaparecidas.
