El Tribunal Colegiado también admitió las pruebas de Pemex que sostienen que Casar obtuvo la pensión post-mortem de forma ilícita, aunque el tema deberá resolverse en otra instancia
Un Tribunal Colegiado determinó que Pemex deberá pagar la pensión post-mortem a María Amparo Casar de febrero a la fecha.
El Sexto Tribunal Colegiado en materia del Trabajo de la CDMX declaró parcialmente infundado el recurso de queja tramitado por Petróleos Mexicanos, quienes acusan a María Amparo Casar de obtener la pensión de forma ilícita y reclamaron que su subsistencia no dependía de este beneficio económico, como lo determinó un juez el pasado 10 de mayo.
Con ello, se ordenó a Pemex que se pague la pensión correspondiente de la segunda quincena de 2024 a la fecha.
De acuerdo con el expediente 107/2024, el magistrado a cargo de la ponencia, Genaro Rivera, con el respaldo de sus homólogos, dio la razón a Pemex en el sentido de que, consideró, “no se está ante actos que impliquen poner en riesgo la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, destierro, expulsión, extradición y desaparición forzada”.
Asimismo, se admitieron los argumentos de Pemex que indican que la directora de Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) pudo haber obtenido dicha pensión de forma ilícita.
Pese a ello, se ordenó que se le pague a Casar lo correspondiente a los meses de febrero a la fecha, aunque la continuación de pagos de la pensión solo se reanudará hasta que las instancias correspondientes determinen la legalidad de la obtención del beneficio económico.
¿Por qué le habían retirado la pensión a María Amparo Casar?
Antes de la orden del juez federal —que ya se revocó— Pemex retiró la pensión por viudez a Casar, misma que asciende a casi 130 mil pesos mensuales y se le otorgaba desde 2005, luego del fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, excoordinador de asesores de la petrolera.
Previamente, María Amparo Casar fue acusada por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de buscar modificar el dictamen de la muerte de su esposo para asegurar su derecho a la pensión y otros beneficios.
