La SPSC informó que demandará a quienes resulten responsables entre los policías que protestaron durante tres meses en Kobén, Campeche, el pasado 15 de marzo
Campeche. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche inició una demanda contra los policías en protesta que resulten responsables de delitos contra la seguridad de la información, acceso ilegal a sistemas informáticos de seguridad y robo, confirmó este miércoles la gobernadora estatal Layda Sansores San Román.
La gobernadora de Campeche señaló al aún diputado federal, José Luis Flores Pacheco, como una de las personas que recibió documentos de seguridad de la SPSC.
“Los documentos van a dejarlos (policías) en la cajuela del auto del diputado José Luis, que primero fue de Morena, traicionó; se fue al PRI, luego traiciona, o nada más era empleado temporal; y luego se fue a Movimiento Ciudadano”, precisó.
Sansores San Román declaró que los policías que se manifestaron no pueden ser tratados como otros trabajadores inconformes.
“Un policía no puede tener el mismo derecho que un maestro que protesta y toma su sede, no, los policías tienen un compromiso de cuidar a la ciudadanía, son muy estrictas las normas”, puntualizó.
Sin embargo, añadió que hará lo posible por rescatar a una parte de los 39 elementos que cursan procesos administrativos para evitar sus despidos.
“Algunos me dan mucha ternura (…) No tuvimos que tirar una piedra, solitos vinieron”, indicó.
En tanto, la SPSC informó que demandará a quienes resulten responsables entre los policías que protestaron durante tres meses por el operativo fallido en Kobén, Campeche, el pasado 15 de marzo, pese a que se rindieron desde el 28 de junio.
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“Con la presencia de notarios públicos y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la SPSC ha iniciado la elaboración de las denuncias por delitos contra la seguridad de la información, acceso ilegal a sistemas informáticos de seguridad, violación a la intimidad personal ya que se sustrajo información sensible y clasificada de víctimas así como también de investigaciones en curso”, anunció la dependencia.
Además, agregó la SPSC, “se denunció de igual manera robo calificado y robo simple; muchas patrullas y equipos se recibieron en mal estado”; sin embargo, se realizará una investigación a fondo y se deslindarán responsabilidades.
“Tras la liberación de la sede de la SPSC, responsables de distintas áreas de gobierno llevaron a cabo un recorrido para documentar el estado en el que fue recibido el inmueble. Se vulneraron áreas estratégicas con información confidencial y sensible, así como documentos y equipo utilizado para salvaguardar la seguridad del estado”, detalló la dependencia estatal.
Refirió que “irrumpieron en todas las oficinas, violaron y vandalizaron cerraduras, escritorios y archivos que no tenían nada que ver con la manifestación de los policías”.
Al respecto, algunos de los policías afectados señalaron que de los 73 exmanifestantes despidieron a 34, que ya demandaron a la dependencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; mientras otros 39, quienes aún no cobran su salario desde el 15 de mayo, sólo están suspendidos, pues cursan un “proceso de suspensión administrativa” ante la Comisión de Honor y Justicia, sin ser notificados de baja definitiva.
José Francisco Hau Euán es uno de los policías despedidos por protestar del 16 de marzo al 28 de junio, para exigir la renuncia de la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, por las afectaciones a los elementos de seguridad a causa del operativo fallido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Kobén, que dejó 50 personas heridas el pasado 15 de marzo.
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En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), José Francisco Hau Euán indicó que demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para lograr su liquidación y “limpiar mi expediente de las acusaciones administrativas”, porque no desea continuar en la SPSC.
“Hay compañeros que siguen notificando porque siguen un proceso aunque se reincorporaron a la sede alterna. (De 73 juzgados internamente) sólo 34 fuimos dados de baja definitiva. Los demás están en un proceso de suspensión administrativa sin resolución todavía. Nadie está cobrando”, compartió a la OEM.
