La Secretaría de Economía y STPS informaron que no hay evidencia de despidos o renuncias obligatorias relacionadas a condiciones sindicales
El gobierno de México anunció la conclusión de la queja laboral contra la empresa Volkswagen México (VWM), ubicada en Cuautlancingo, Puebla, por presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
En un comunicado, las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STPS) informaron que, después de una investigación, se determinó que no hubo evidencia de despidos o renuncias obligatorias relacionadas con el encargo sindical.
“No se cuenta con elementos suficientes para afirmar que la terminación de la relación laboral de los miembros de la representación sindical, objeto de la queja en el MLRR, fueran motivadas por su calidad y/o condición de representantes sindicales, por sus funciones sindicales, o por su participación en actividades sindicales”, indicó.
La queja se presentó dentro del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, las dependencias explicaron que sí se identificaron despidos injustificados.
¿Cuál fue el acuerdo en la planta de Volkswagen México?
Las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social informaron que se lograron acuerdos como la reinstalación de ocho personas y la liquidación de un trabajador.
Después de las consultas e investigaciones, México y EU acordaron un Plan de Reparación, el cual incluye realizar acciones como publicar una carta de compromiso de neutralidad y capacitar a su personal.
- Te puede interesar: Sindicato de Volkswagen logra acuerdo preliminar para aumento salarial de casi 11%
Durante las consultas entre México y Estados Unidos, se solicitaron acciones adicionales a la empresa, como entregar copias impresas de la carta de neutralidad y mantener los documentos en la aplicación digital de la empresa.
➡️ Próximamente canal de Telegram ⚠️para no perderte la información más importante
“Derivado de lo anterior, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el cierre de este caso. El Gobierno de México reitera su compromiso para asegurar la aplicación y respeto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras de México”.