Según las estadísticas cuando comenzaron las protestas y la suspensión de labores, la mayoría (35 por ciento) de expedientes judiciales con alguna resolución fueron desechados
La resolución de asuntos judiciales en los tribunales y juzgados federales del país disminuyó 90 por ciento en el transcurso de un mes.
Esto, luego de que jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaran en agosto una suspensión de labores indefinida en protesta contra la Reforma Judicial.
En julio, mes previo al inicio de la suspensión de labores, órganos jurisdiccionales del país resolvieron 156 mil 269 expedientes judiciales, cifra que disminuyó a 14 mil 81 en agosto (90 por ciento menos), cuando comenzaron las movilizaciones contra la reforma.
De acuerdo con cifras públicas expuestas en la Dirección General de Estadística del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ente que administra juzgados, tribunales y Centros de Justicia federal, el 19 de agosto de 2024, trabajadores de juzgados y tribunales del PJF de la sede de San Lázaro en la CdMx comenzaron un paro de labores indefinido, mismo que se replicó en los 32 circuitos del país. Un par de días después, el 21 de agosto, jueces y magistrados se sumaron a estas protestas, anunciando una declaratoria de suspensión de labores a nivel nacional.
Con ello, asuntos de carácter no urgente dejaron de ser atendidos en órganos jurisdiccionales del país, y desde hace casi un mes únicamente se han resuelto temas que tengan afectaciones directas a los derechos humanos de los justiciables (personas que buscan acceder a la justicia).
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Al acordar la suspensión de labores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) expuso en un comunicado: “Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático y por ello hoy, personas trabajadoras y juzgadoras hemos decidido defender en unidad: la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
Según las estadísticas del CJF, en agosto, cuando comenzaron las protestas y la suspensión de labores, la mayoría (35 por ciento) de expedientes judiciales con alguna resolución fueron desechados.
