El diputado Sergio Gutiérrez Luna resaltó que el poder reformador de la Constitución no puede ser revisado por la Suprema Corte ya que representa al pueblo
El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa para prohibir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre reformas constitucionales, luego de que el máximo tribunal aprobó ayer con ocho votos a favor abrir una consulta para determinar si tiene competencia para revisar la Reforma Judicial.
La iniciativa propone adicionar al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una cláusula para establecer que “las atribuciones conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrán ejercitarse contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
El diputado Sergio Gutiérrez explicó que la reforma pretende que el máximo tribunal no conozca de controversias relacionadas con reformas a la Constitución.
“En particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, declaró.
Gutiérrez Luna subrayó que la ciudadanía le dio a Morena y aliados la mayoría calificada para reformar la Constitución, por lo que dijo, “es inaceptable que la Corte pretenda hacerse valer más que la voluntad del pueblo por defender sus privilegios”.
El diputado de Morena también resaltó que el poder reformador de la Constitución no puede ser revisado por la Suprema Corte ya que representa al pueblo.
“Debe quedar plasmado en la ley que ocho personas no pueden suprimir la voluntad del pueblo. La Suprema Corte no admite que la mayoría y la decisión está en el Congreso y que ya se tomó una decisión”.
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Por lo anterior, Gutiérrez Luna consideró que la reforma es esencial para evitar interpretaciones ambiguas sobre las competencias de la Suprema Corte, reafirmando la autonomía del Poder Judicial y garantizando que su actuación no interfiera con las funciones del Poder Constituyente Permanente, encargado de llevar a cabo las reformas constitucionales.
