La FGR impugnará la modificación de la medida cautelar y abrió una carpeta de investigación en contra del juzgador por delitos contra la administración de justicia
La Fiscalía General de la República (FGR) calificó como “absolutamente ilegal” la decisión del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Enrique Beltrán Santes, de eliminar la prisión preventiva justificada que enfrentaba Victor “N”, exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul, desde el 10 octubre de 2023 tras ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Esa determinación judicial resulta contraria a la ley y es absurda por completo. En efecto, el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva opera, entre otros, por el delito de delincuencia organizada”, afirmó la Fiscalía a través de un comunicado.
Victor fue detenido en la Ciudad de México el pasado 10 de junio de 2022 luego de una investigación de la fiscalía junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la que se halló un esquema de desvío de millones de pesos de la cooperativa Cruz Azul hacia cuentas bancarias en el extranjero, empresas fantasma y en contratos falsos.
Una de las acusaciones en contra de Victor provino de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, exabogado de la cooperativa que colaboró con la FGR a cambio de un criterio de oportunidad. En su caso se modificó una cláusula del fideicomiso en apoyo a los trabajadores para que este fuera administrado por “Impulso Agente de sEguros y Finanzas S.A. de C.V.”, una entre varias instituciones dirigidas por Carlos Javier Terroba Wolf, que de acuerdo con la FGR es cercano a Victor “N”.
Ante la modificación de la medida cautelar en contra del imputado, la FGR señaló una serie de puntos en los que el juez actuó de forma subjetiva y sin fundamentos, como al argumentar que la salud del acusado se ha deteriorado desde que está en prisión preventiva sin que se presentara ningún dictamen médico que lo acredite, o que ha demostrado buena conducta en reclusión sin que el Centro Preventivo Varonil Norte tenga un informe al respecto.
Asimismo, el juez Beltrán Santes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en el Altiplano Almoloya de Juárez, declaró que no se le manifestó en la audiencia de imposición de la medida cautelar de octubre de 2023 que existía un bloqueo por parte de la UIF, a lo que la fiscalía respondió que el juez “varía su propia argumentación contradiciéndose para favorecer a la defensa”.
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“No es cierto lo señalado por el Juez, ya que sí se manifestó en audiencia de imposición de medida cautelar, el 10 de octubre de 2023, la existencia de un bloqueo por parte de la UIF de los recursos del señor Víctor Manuel “G”, manifestación que incluso fue esgrimida por la defensa en debate a las manifestaciones de la Fiscalía respecto a la existencia de recursos de una cuenta de inversión con más de 138 millones de pesos, resolviendo el juzgador en aquella data que el hecho de que dicha cuenta de inversión fuera cancelada le generaba la certeza de que el imputado aún tiene acceso a esos recursos, pues fue él quien tuvo que haberlos retirado para proceder a su cancelación. Por lo que nuevamente se verifica que el Juez varía su propia argumentación contradiciéndose para favorecer a la defensa”, detalla el comunicado de la FGR.
De acuerdo con la fiscalía, el juez determinó que no le correspondía a la defensa acreditar los recursos de la cuenta de inversión a la que tiene acceso el acusado y por la cual fue girada la medida de prisión preventiva que ahora la defensa busca revisar.
“No es cierto lo dicho por el Juzgador, ya que sí corresponde a la defensa acreditar que las condiciones por las cuales fue impuesta en primer momento la prisión preventiva justificada han variado de manera objetiva, pues es la defensa quien insta a la revisión de dicha medida, y por ende a quien corresponde acreditar la variación de tales circunstancias. Lo anterior aunado a que es el propio juzgador quien dice que la Fiscalía ya no se encuentra en posibilidad de ejercer actos de investigación, lo que entonces resulta contradictorio si impone la carga de verificar lo relativo a la medida cautelar”, detalló la FGR.
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Por estas razones, la FGR afirmó que impugnará el cambio de medida cautelar y que ya inició una carpeta de investigación en contra del juzgador por delitos contra la administración de justicia.
